
This 2005 article, written by AFC Deputy Director Elisa Hyman and published in the REVISIÓN del Clearinghouse Revista de leyes y políticas de pobreza, describes the efforts undertaken by AFC to address the push-out problem in New York City.
AFC trabaja para cambiar la política educativa para que el sistema de escuelas públicas sirva todo niños de manera efectiva. Publicamos informes de políticas y análisis de datos, testificamos a nivel municipal y estatal, hablamos en la prensa para llamar la atención sobre los desafíos que enfrentan los estudiantes y las familias a las que servimos, y nos unimos a otros defensores, padres, jóvenes y educadores para pedir cambiar.
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This 2005 article, written by AFC Deputy Director Elisa Hyman and published in the REVISIÓN del Clearinghouse Revista de leyes y políticas de pobreza, describes the efforts undertaken by AFC to address the push-out problem in New York City.
Este artículo de 2005, publicado en el REVISIÓN del Clearinghouse Revista de leyes y políticas de pobreza y escrito por la directora ejecutiva de la AFC, Jill Chaifetz, y la asociada del programa, Rachel Kravitz, describe una investigación que demuestra por qué las políticas de retención son perjudiciales para los estudiantes y presenta métodos para defenderse contra la retención.
Este artículo analiza 25 años de investigación que documentan el fracaso de las políticas de retención de prueba única, analizando en particular las políticas de retención fallidas del pasado de la ciudad de Nueva York y los datos actuales sobre la política de retención de Chicago. El documento iba acompañado de una carta de firma en oposición a la política anunciada por el alcalde de retener a los estudiantes de quinto grado basándose únicamente en sus puntuaciones en las pruebas estandarizadas.
Este informe de 2004 de la AFC y la Coalición de Inmigración de Nueva York examina el papel de los coordinadores de padres y su capacidad para atender las necesidades de los padres con dominio limitado del inglés (LEP).
During the 2001-02 school year, AFC piloted a project called the Domestic Violence Education Advocacy Project (DVEAP) that provided individual school-related advocacy for children who had been exposed to domestic violence or abuse and who were having significant problems in school. These children were unable to perform up to their academic potential as a result of suffering from undetected and untreated trauma-related illnesses. AFC found that the public school system, in particular the special education system, bears the brunt of this problem.
This report assesses the manner in which special education services are delivered to children in NYC who have been diagnosed with Autism Spectrum Disorders, with a particular focus on the delivery of services to poor children and children of color.
This report, a joint release from AFC, the Civil Rights Project at Harvard University, the Urban Institute, and the Civil Society Institute, highlights the urgent need to address the impending crisis of minority groups not graduating from high school at troubling rates.
Este informe de 2004 de la AFC y la Coalición de Inmigración de Nueva York aborda la falta de acceso significativo que se brinda a los padres con dominio limitado del inglés a las escuelas de sus hijos y al sistema escolar debido a las diferencias de idioma.
Este informe examina los resultados de las encuestas que se realizaron para evaluar la implementación y eficacia de los Servicios de Educación Suplementaria (SES). Estos servicios de tutoría y remediación se brindaron por primera vez en 2002-03 a más de 240.000 niños elegibles en escuelas "que necesitaban mejoras". Los resultados de las encuestas muestran problemas importantes con la implementación de SES en la ciudad de Nueva York, especialmente para los estudiantes con discapacidades y aquellos clasificados como estudiantes del idioma inglés.
This report by the Office of Public Advocate Betsy Gotbaum and Advocates for Children of New York examines data documenting students in New York City who have been designated as “discharged” from the school system, an indicator that has received little public attention. Anecdotal evidence suggests that many of these discharges may have been forced “push-outs” of students who have a legal right to remain in public schools.