Como señala la declaración conjunta publicada hoy, “Cada niño en el Estado de Nueva York tiene derecho a una educación sólida y básica, y proporcionar dicha educación requiere una financiación adecuada y equitativa. La fórmula de Ayuda Fundamental debe actualizarse para reflejar el costo real de educar a los jóvenes en la década de 2020 y más allá”. Con este fin, las organizaciones solicitan cambios en la fórmula para ayudar a garantizar que las escuelas de la ciudad de Nueva York puedan satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades, los estudiantes que aprenden inglés (ELL), los estudiantes de familias de bajos ingresos, los estudiantes en situación de calle y otros que necesitan apoyo adicional. Estas recomendaciones incluyen:

• Agregar un peso por alumno para estudiantes en viviendas temporales y estudiantes en el sistema de acogida. En este momento, la fórmula de Ayuda de la Fundación no proporciona fondos adicionales a los distritos para ayudar a satisfacer las necesidades de estas poblaciones estudiantiles, ambas enfrentan enormes obstáculos para tener éxito en la escuela y tienen necesidades educativas distintas.
• Incluyendo financiación para estudiantes en preescolar de 3 años y preescolar, que actualmente quedan totalmente excluidos de la fórmula. Si bien el Estado aporta financiación al programa Pre-K de la ciudad de Nueva York, no brinda ningún apoyo financiero para el programa 3-K, que atiende a alrededor de 40,000 niños.
• Proporcionar recursos para implementar los nuevos requisitos de tamaño de clase del Estado para la ciudad de Nueva York. El Estado no ha asignado fondos adicionales para ayudar a NYCPS a cumplir con este mandato legislativo, que se proyecta que costará al menos $1.600 millones de dólares anuales.

Los grupos que encabezan este esfuerzo —que incluyen proveedores de servicios sociales de la ciudad de Nueva York, programas para la primera infancia, organizaciones de derechos civiles, organizaciones de defensa y grupos que representan a estudiantes, padres y educadores— se unieron el año pasado como Coalición de Emergencia para Salvar los Programas Educativos, que abogó exitosamente por la continuación de más de $700 millones de dólares en programas educativos que corrían el riesgo de ser eliminados debido al vencimiento de los fondos federales de estímulo por COVID-19.